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¿Es el derecho a la autodeterminación informativa una subespecie del derecho a la intimidad o es un derecho autónomo?

Nos encontramos ante un asunto controvertido que carece de una respuesta unívoca. Es más, esta misma pregunta hizo correr ríos de tinta levantando un gran debate jurídico, en el que se puede identificar tanto a quienes lo diferencian del derecho a la intimidad, es decir, aquellos que lo consideran un derecho fundamental autónomo, y quienes, por el contrario, entienden que sólo se trata de una modalidad del derecho de intimidad. (1)

En este mismo sentido, incluso nuestro Tribunal Constitucional no ha quedado ajeno a esta doble vertiente; cuando por un lado lo ha considerado un instrumento para garantizar otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, y por otro lado, cuando lo ha conceptuado como un verdadero y autónomo derecho fundamental:

“…El derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos…” (2).

“…Un derecho fundamental autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona para así preservar el pleno ejercicio de sus derechos…” (3).

Así las cosas, conviene extraer de ambas corrientes una clara definición que ayude a emparejar este complejo derecho –dejando por un momento al margen su configuración- y centrándonos en su objeto:

“… que es garantizar la facultad de las personas para: conocer y acceder a las informaciones que le conciernen archivadas en bancos de datos (lo que se denomina habeas data por su función análoga en el ámbito de la libertad de información a cuanto supuso el tradicional habeas corpus en lo referente a la libertad personal); controlar su calidad, lo que implica la posibilidad de corregir o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados, y disponer sobre su transmisión (4). En definitiva este derecho entraña una facultad de disponer sobre la revelación y el uso de los datos personales, en todas las fases de elaboración y utilización de estos datos, es decir, su acumulación, su transmisión, su modificación y cancelación… (5). “

Entonces, podemos afirmar que este derecho de autodeterminación informativa lo que pretende es proteger la esfera privada de los individuos de intromisiones ilegítimas, es decir, proteger aquello a lo que la LORTAD denomina «privacidad».

Y llegados a este punto, habremos de hacer un pequeño alto en el camino, prestando especial atención al siguiente contraste: La privacidad es más amplia que la intimidad. La razón de esta pausa para el análisis responde a la necesidad de descifrar el enigma jurídico envuelto en la pregunta, pues nótese que, la intimidad protege la esfera en que se desarrollan las facetas más singularmente reservadas a la vida de las personas -el domicilio donde realiza su vida cotidiana, las comunicaciones en las que expresa sus sentimientos, por ejemplo-, mientras que la privacidad constituye un conjunto, más amplio, más global, de facetas de su personalidad que, aisladamente consideradas, pueden carecer de significación intrínseca pero que, coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un retrato de la personalidad del individuo, que éste tiene derecho a mantener reservado.(6)

Pues bien, teniendo esto presente –para comprender mejor el alma y alcance de nuestra respuesta- tendremos que considerar que nos encontramos ante uno de los llamados “derechos de la Tercera Generación” nacido para tutelar los derechos de la persona frente a la cada vez más creciente utilización de la informática en la sociedad actual.



Así pues, fue en 1983 cuando el Tribunal Constitucional Federal Alemán acuña la expresión “derecho a la autodeterminación informativa”. (7)

“…las limitaciones de este derecho a la “autodeterminación informativa” sólo son admisibles en el marco de un interés general superior y necesitan un fundamento legal basado en la Constitución, que debe corresponder al imperativo de claridad normativa inherente al Estado de Derecho".

Ahora bien, resulta innegable, que tal derecho se construye a partir del concepto y configuración del derecho a la intimidad o vida privada; puesto que trata de ofrecer tutela a la persona respecto a sus datos de carácter personal ante una posible utilización abusiva de los mismos mediante la informática u otro tratamiento automatizado. De manera que, la inclusión de la libertad informativa en el catálogo de los derechos fundamentales representará una necesidad frente a ese progresivo avance informático. (8)

En efecto, y al amparo del mandato constitucional consagrado en el artículo 18.4 CE, en España se aprobó, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que vino a resolver y a cubrir el vacío legislativo existente hasta el momento. La misma LORTAD es la que busca una protección de la privacidad de la personas, entendida ésta en ese sentido más amplio que la intimidad.

Pues bien, es precisamente aquí donde el Tribunal Constitucional ha terminado encontrando y reconociendo la existencia en el ordenamiento jurídico de un derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal que en vano se buscará en el texto de la Constitución de 1978. El hecho de que no aparezca en el Texto y lo haga en una Ley de rango inferior no le resta carácter de fundamental pues en verdad ha habido otros casos en los que la jurisprudencia constitucional ha puesto de manifiesto elementos de los derechos fundamentales que no están explícitamente afirmados en la Constitución.

Lo verdaderamente importante es que exista un interés material imprescindible de satisfacer, con el parejo apoyo de una conciencia sobre tal necesidad de positivización. (9) Y desde esta perspectiva, el contenido objetivo de lo que se entiende por derecho a la protección de los datos lo justifica por ser como hemos indicado “más amplio” que el tradicional concepto de intimidad personal y familiar del artículo 18.1 de nuestra Carta Magna.

El Magistrado ALVAREZ-CIENFUEGOS (10) nos informa sobre la distinción evidente entre el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la libertad informática o derecho a la protección de datos, que se encuentra, en el carácter defensivo del primero, al excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de tercero contra la voluntad del titular, la vida personal y familiar; y en el carácter activo del segundo, que garantiza un poder de control sobre la captura, uso, destino y posterior tráfico de los datos de carácter personal, imponiendo a terceros unos deberes jurídicos de hacer distintos de los que impone el derecho a la intimidad personal y familiar. En definitiva, el derecho a la protección de datos se convierte en un derecho fundamental condicionante y presupuesto para obtener el reconocimiento y la protección de otros derechos de la persona sean o no derechos fundamentales.





En consecuencia, se reconoce al afectado un derecho de disposición sobre sus propios datos personales, entre los que se encuentran, no sólo los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino también, como reconoce la Sentencia 292/2000 ( RTC 2000, 292), todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo.

En fin, y ahora volviendo a la inauguración de este problema cabe en honor de la verdad precisar que tampoco esta es una opinión generalizada entre todos los autores, que mayoritariamente determinan un claro paralelismo entre ambos términos (11).

Especialmente crítico con la expresión “autodeterminación informativa” se muestra ORTÍ VALLEJO, para quien en absoluto puede afirmarse con carácter general que al individuo en el ordenamiento jurídico español se le reconoce un derecho a impedir la utilización o tratamiento de los datos, así como a determinar el destino de los mismos. Así, razona el citado autor que más adecuada parece la expresión "libertad informática", por entender que dicha terminología viene avalada por el TC en la sentencia 254/1993, máxime si se considera que la expresión "libertad informática" permite un mayor acercamiento a la esencia de este derecho que consiste en una libertad de control sobre los datos personales, evitando de este modo cualquier connotación de carácter excluyente respecto a la titularidad y utilización de la información.

Después de lo expresado hasta ahora a nadie se le oculta que el concepto del derecho a la autodeterminación informativa coincide y puede identificarse como hemos advertido con el de derecho a la intimidad y que se ofrece especialmente por quienes desconocen el nacimiento de un nuevo derecho al amparo de las nuevas tecnologías de la información. Entonces, si se hacen coincidir ambos derechos surge la cuestión sobre el sentido de introducir un nuevo derecho si éste se identifica con el derecho a la intimidad.

En este sentido, la doctrina española al comienzo de los años ochenta proclamaba sin fisuras –como hemos anticipado- el reconocimiento de un nuevo derecho fundamental. No obstante, cada vez con más fuerza se dejan sentir voces críticas (10), que se alinean en torno a la defensa de la idea de intimidad como raíz y fundamento de la protección de datos personales.

En mi opinión, son las razones metajurídicas las más significativas y que dan carácter al concepto de fundamental y que confirman la necesidad de configurar nuevas formas de respuesta a los peligros y agresiones que el desarrollo científico y tecnológico ha supuesto para el hombre de nuestro siglo.

Uno de los mejores argumentos utilizados favorables al reconocimiento de un nuevo derecho fundamental, es la especialidad del bien jurídico objeto de protección, así como, el signo dinámico de los derechos fundamentales que, lejos de constituir un catálogo cerrado y completo, se acomodan a las necesidades humanas en las sociedades democráticas a las que dan respuesta jurídica. La CE no podía ser ajena a esta concepción de los derechos fundamentales, por lo que rechazando la visión estática de los mismos, deja abierta la puerta para la incorporación y reconocimiento de nuevos derechos fundamentales.

Otro de los importantes argumentos es el alcance sobre su reforzamiento en efectividad y en garantías que hacen conveniente el reconocimiento de un nuevo derecho fundamental a la autodeterminación informativa.

Recientemente, GONZÁLEZ NAVARRO se ha pronunciado a favor del reconocimiento de este derecho fundamental, entendiendo que el derecho de la persona física a disponer de sus datos personales no es un derecho de propiedad, ni de titularidad dominical, sino un derecho que forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, siendo, por ello, derecho fundamental, tal y como son concebidos tales derechos en la Constitución.

Por último, considero que ha de repararse que tal vez la indeterminación o vaguedad del precepto constitucional ha podido sembrar la duda respecto a la naturaleza del derecho, sin embargo, ello no puede interpretarse como la existencia de un mero apéndice al artículo 18.1 CE, ni como la simple pretensión de establecer desde una concepción individualista y privatista límites al poder de la informática.

Una buena prueba de ello, lo representa la circunstancia de que las propias instancias comunitarias, que conscientes del desmesurado tráfico de datos personales que puede existir entre ellas, han dado un paso decisivo en el camino seguido hacia la garantía y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, en especial, de su derecho a la intimidad y a disponer de sus propios datos. Para ello, mediante el Reglamento 45/2001 han realizado un acto de autolimitación de sus potestades, precisando y acotando aquellos supuestos en los cuales las facultades de los afectados pueden sucumbir ante intereses públicos o generales más necesitados de protección.

Asimismo, la Constitución portuguesa de 2 de abril de 1976, es otra prueba de un reconocimiento precoz adelantándose al resto de los países europeos cuando constitucionaliza por vez primera la protección de las personas frente al tratamiento automatizado de datos personales.


En mi opinión, y con ánimo de concluir considero que no puede dudarse de que se trata de dos derechos fundamentales de la persona, que se complementan en orden a la protección del más alto bien de la persona: su dignidad como ser humano.

Nadie puede ser objetivo, pero todos debemos ser imparciales”

Goethe

Autor: Feliciano Nogueira Vidal

Graduado Social y Abogado

Doctorando

 

Bibliografía:

 

 

(1) MURILLO DE LA CUEVA, P. L., “El derecho a la autodeterminación informativa”, Madrid (Tecnos), 1990, pgs. 97 y ss.

(2) SSTC 254/93 ( RTC 1993, 254) , F. 6º ; 11/98 ( RTC 1998, 11) , F. 4 ; 94/98, F. 4; 202/99, F. 2º .

(3) STC 94/98 ( RTC 1998, 94) , F. 6º .

(4) PEREZ LUÑO, A. E., “Nuevas tecnologías, sociedad y derecho”, Madrid (Fundesco), 1987, pgs. 85 y ss. y 123 y ss.

 

(5) MURILLO DE LA CUEVA, P. L., “Informática y protección de datos personales”. (Estudio sobre la Ley Orgánica 5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal), Madrid (CEC), 1993, pgs. 47 y ss.

 

(6) Exposición de Motivos de la LORTAD ( RCL 1992, 2347) , párr. 2º del epígrafe 1º.

(7)PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique, Nuevos derechos fundamentales de la era tecnológica: la libertad informativa, art. cit., p. 194.

(8) BVerfGE 35, 202, de 5 de junio de 1973. Sentencia Lebach: El caso que resolvía esta sentencia era respecto a que un programa de televisión ofreció un documental sobre unos robos de armamento en los que resultaron muertos varios soldados y que habían alcanzado gran repercusión social años antes, identificando al demandante como su autor, quien estaba aún en prisión precisamente por la condena que se le había impuesto por los graves hechos difundidos. El Tribunal Constitucional Federal alemán, efectuando una interpretación expansiva del derecho a la intimidad (teniendo en cuenta además que la Ley Fundamental de Bonn no recogía expresamente el derecho a la intimidad), declaró que la conducta de los periodistas vulneraba un derecho fundamental porque difundieron unos datos que, pese no ser íntimos y ser jurídicamente relevantes, pues constituyeron delitos sancionados penalmente, transgredieron el ámbito en el cual tenía sentido su conocimiento, y que «Una vez la Corte Penal ha perseguido y castigado al acusado por una acción que ha atraído la atención del público, y él ha experimentado la reacción de la comunidad, cualquier nueva invasión de la esfera personal no puede estar justificada».

Se hace hincapié, por tanto, en la relevancia del principio de rehabilitación de las personas condenadas, al que se recurre para limitar la difusión de noticias judiciales, puesto que la difusión de un delito grave pero carente de interés informativo actual puede afectar a la reinserción social del condenado.

CUERVO ÁLVAREZ, J., “Autodeterminación informativa”, en Revista informática-juridica.com http://www.informatica-juridica.com,, Edit. Informática Jurídica.com, Internet, 1998. Sin embargo, el derecho a la Autodeterminación informativa suele incluirse más bien en el ámbito de la protección de datos personales (vid., MURILLO DE LA CUEVA, P. L., El derecho a la intimidad, en Honor, intimidad y propia imagen, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, pgs. 51 y ss.)

ROXIN, C., El proceso penal y los medios de comunicación, en Revista del Poder Judicial, núm. 55, 1999, pg. 2.

(9) JOVER PADRÓ, José y Silvia CABRERA VILAPLANA: Una nueva generación de derechos. «Op. Cit.»

(10) ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, José María: Revista La Ley. «La libertad informática, un nuevo derecho fundamental en nuestra Constitución» núm. 5230.

(11) LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo, El derecho a la autodeterminación informativa, Madrid, Tecnos, 1991, p. 156. (Aduce este autor que la totalidad de derechos fundamentales pueden considerarse instrumentales respecto de la dignidad humana)


LÓPEZ-IBOR MAYOR, Vicente, Los límites al derecho a la autodeterminación informativa en la Ley Española de Protección de Datos (LORTAD), art. cit., p.1. (Han defendido los autores el carácter de derecho fundamental del derecho)

PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique, Nuevos derechos fundamentales de la era tecnológica: la libertad informática, art. cit., p. 175. El autor reconoce en esta obra que el derecho a la autodeterminación informativa es una manifestación del derecho a la intimidad.

ORTÍ VALLEJO, Antonio, Derecho a la intimidad e informática. Tutela de la persona por el uso de ficheros y tratamientos informáticos de datos personales. Particular atención a los ficheros de titularidad privada, op. cit., p. 56ss. (Nota: Centra su argumentación en demostrar que el pretendido derecho a la autodeterminación informativa no acoge sino la defensa de otros derechos fundamentales ya formulados, por lo que resulta un esfuerzo estéril la configuración de un nuevo derecho fundamental que nada aporta a la defensa de los derechos de la personalidad)

 
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